lunes, octubre 11, 2004

Diciembre 11 de 2006

Es la fecha límite que tiene el Estado Nacional para implementar la firma digital en su ámbito, según reza el art. 48 de la ley 25.506:

ARTICULO 48. — Implementación. El Estado nacional, dentro de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8º de la Ley 24.156, promoverá el uso masivo de la firma digital de tal forma que posibilite el trámite de los expedientes por vías simultáneas, búsquedas automáticas de la información y seguimiento y control por parte del interesado, propendiendo a la progresiva despapelización.

En un plazo máximo de 5 (cinco) años contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, se aplicará la tecnología de firma digital a la totalidad de las leyes, decretos, decisiones administrativas, resoluciones y sentencias emanados de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8º de la Ley 24.156.

Ahora bien, si se tiene en cuenta que:

a) No hay a la fecha certificadores licenciados por el Ente Licenciante;
b) Que la Comisión Asesora que "asesora" sobre la reglamentación relativa al proceso de emisión de licencias está dominada por Certisur;
c) Salvo casos excepcionales, la Administración Pública Nacional no está en condiciones de implementar ninguna tecnología de firma digital de aquí a 2 años, sea esta la actual (compleja) u otra más simple, salvo que haya una decisión política en el tema que impulse su desarrollo, lo cual puede descartarse que suceda, con una altísima probabilidad;
d) Que la ley permite la tercerización de este servicio;
e) Que en el mercado no hay ninguna firma que preste estos servicios (imposible solventar un negocio que no esté legalmente habilitado durante 5 años), salvo la mencionada y una más que, sospechosamente, concurre junto a la otra a los eventos y exposiciones en la materia;
f) Que para salvar el punto c) se encuenta la ONTI facultada a otorgar certificados digitales al resto de la Administración Pública;
g) Que la ONTI no tiene recursos para cumplir con esta función, excepto tercerizando;
h) Que la Adm. Pública Nacional a fines del 2002 tenía en sus filas alrededor de 250.000 agentes (hoy tiene muchos más);
i) Que un banco cualquiera cobra por una certificación simple de firma unos $10;
j) Que es "aceptable" renovar anualmente un certificado digital;

Estamos hablando de un negocio de al menos $ 5 millones anuales (el certificado no va a costar menos de $20, ya que van a intervenir los escribanos para dar fe), exclusivamente dedicados a la renovación de certificados digitales, que irán a parar a las arcas de Certisur. Es decir, un negocio redondo por no hacer nada productivo.

Y falta computar el negocio de la digitalización de los documentos mencionados en el artículo de la ley, que es mucho mayor que el de la simple emisión de certificados, por lo que se está hablando de un negocio de un par de decenas de millones al año, en su etapa inicial.

El Estado tiene poder suficiente para revertir esta situación. Hay que preguntarse si realmente quiere revertirla.